La segunda oportunidad y la exoneración de créditos públicos

Aunque el nuevo Texto Refundido lo excluye expresamente, algunos Juzgados de lo Mercantil, así como diversos autores, consideran que ha existido un exceso de delegación legislativa o «ultra vires» y que no se ha tenido en cuenta la jurisprudencia del TS existente al respecto, la cual no puede ignorarse.

Regulación Legal de la segunda oportunidad

El beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho (BEPI) está recogido por la Ley 14/2013, siguiendo las directrices y recomendaciones de la Unión Europea (Recomendación de la Comisión Europea de 12 de marzo de 2014, del Banco Mundial o las reglas UNCITRAL). La citada Ley, modificó el art. 178.2 Ley Concursal (LC), que a su vez ha sido cambiado con la reforma del RDL 1/2015, que trasladó la regulación al art. 178 bis LC.

Este precepto que contempla la remisión por deudas no satisfechas, la introducción de lo que en derecho comparado se ha bautizado como «fresh start» o «discharge». La posibilidad de que los deudores concursales, que cumplan con unos mínimos, pudieran ver canceladas la totalidad de las deudas que no se cubran con el producto de la liquidación concursal.

La regulación actual del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho se encuentra regulada en los art. 486 y ss. Texto Refundido de la Ley Concursal (TRLC) y, a diferencia de cómo se ha hecho en otras partes del nuevo texto refundido, el legislador no ha querido recoger los criterios interpretativos del TS en la sentencia de 2 de julio de 2019.

Es más, el art 491 TRLC dispone expresamente que los créditos públicos no se exoneran en ningún supuesto de BEPI y sea cual sea su calificación y el art 495.1 dispone de nuevo que los créditos públicos no están incluidos en el plan de pagos, y que deberán regirse por sus reglas propias de aplazamiento y fraccionamiento de pago. La consecuencia de esta exclusión sería que no se podrá conseguir la extinción del crédito público por la vía de la exoneración definitiva prevista en el art. 499 TRLC.

En definitiva, entiende la Administración, que el TRLC obliga a que el deudor pague la totalidad del crédito público, también el calificado como ordinario y el subordinado, aunque consiga la exoneración definitiva del resto de créditos en principio no exonerables.

Interpretación de parte de los Tribunales y la doctrina

Frente a lo dispuesto en el Texto Refundido, en los últimos meses muchos Juzgados de lo Mercantil siguen la línea que establece que las deudas públicas, con Hacienda y Seguridad Social, se pueden exonerar.

En este sentido cabe citar la sentencia 124/2021, 5 de mayo, del Juzgado de lo Mercantil número 3 de Palma de Mallorca, que entiende vigente la  jurisprudencia del TS en esta materia a pesar del tenor literal del TRLC.

Aplica esta sentencia lo establecido en las sentencias del TS de 2 de julio de 2019, y 1 de julio de 2020, que, aunque por motivos distintos, acordaron la exoneración del pasivo insatisfecho que tuviese la calificación de ordinario y subordinado, incluyendo el crédito público.

La STS 381/2019, entre otros aspectos, en relación sobre el aplazamiento de la parte del crédito público que tenga la consideración de privilegiado, interpreta que la norma contiene una contradicción, pues por una parte, se prevé un plan para asegurar el pago de aquellos créditos (contra la masa y privilegiados) en cinco años, que ha de ser aprobado por la autoridad judicial, y por otra se remite a los mecanismos administrativos para la concesión por el acreedor público del fraccionamiento y aplazamiento de pago de sus créditos.

Asimismo, entiende el TS que, aprobado judicialmente el plan de pagos, no es posible dejar su eficacia a una posterior ratificación de uno de los acreedores, en este caso el acreedor público.

En los mismos términos y reiterando esta doctrina, se ha pronunciado la STS de 1 de julio de 2020, que señala que el crédito ordinario y subordinado es exonerable al 100%, aunque el acreedor sea público y que el crédito privilegiado y los créditos contra la masa se someterán al Plan de Pagos que apruebe el Juez del concurso, aunque el acreedor sea público.

En definitiva, considera el Juzgado que la refundición del régimen legal de la segunda oportunidad, que hasta ahora se regulaba en el art 178 bis LC, no puede dejar sin efecto la interpretación jurisprudencial de este precepto, que seguiría vigente.

Por otra parte, autores como Ignacio Sánchez Gargallo, consideran que ha existido un exceso de delegación legislativa o «ultra vires», pues la jurisprudencia surgida de la interpretación de una norma legal deja de tener vigencia cuando cambia sustancialmente la norma. Eso ocurre con una reforma legal, pues forma parte de la discrecionalidad del legislador («lex posterior derogat priori»), pero no con una refundición.

Por tanto, no está claro es que el Gobierno, dentro de la habilitación legal para refundir textos legales pueda modificar de tal forma las normas legales preexistentes que prive de vigencia a la jurisprudencia que las interpreta, ya que eso excedería de una armonización y constituiría una modificación de fondo del marco legal refundido.

Concluye el autor que la refundición no puede obviar el sentido dado por la jurisprudencia a la norma legal objeto de refundición, por lo que el texto refundido debe ser interpretado de conformidad con esa jurisprudencia.

Salvador Carrero