El convenio de asunción y la venta de unidad productiva en fase de convenio

Recogido en la los arts. 222 a 224, 324 y 415.3 Texto refundido de la Ley Concursal (TRLC)

La transmisión de la unidad productiva en sede de convenio se articula a través del llamado convenio de asunción. Esta transmisión en sede de convenio se equipara a la transmisión de unidades productivas en liquidación.

Sucesión de empresa

Tras la reforma que el RDLey 11/2014 -confirmado por Ley 9/2015- realiza de la Ley Concursal, la transmisión de la empresas o unidades productivas, en el marco de un proceso de liquidación concursal, supone la existencia de sucesión de empresa a efectos laborales y de la Seguridad Social. Se mantiene la liberación de las cargas frente a la Agencia Tributaria.

Así, cuando se produzca tal sucesión, el adquirente se subrogará en los créditos laborales y de Seguridad Social correspondientes a los trabajadores de la unidad productiva en cuyos contratos se subrogue.

Cuando el concurso se tramita a través del procedimiento especialmente abreviado , por haberse presentado solicitud de concurso junto con un plan de liquidación (art. 530 TRLC), la Ley Concursal establece algunas especialidades, entre las que destaca la posibilidad de que el juez pueda acordar, en el auto por el que se apruebe el plan de liquidación, la resolución de los contratos pendientes de cumplimiento por ambas partes, con excepción de aquellos que se vinculen a una oferta efectiva de compra de la unidad productiva o de parte de ella, que se mantendrán en vigor.

En caso de transmisión de unidades productivas, se ceden al adquirente los derechos y obligaciones derivados de contratos afectos a la continuidad de la actividad profesional o empresarial cuya resolución no se haya solicitado. El adquirente se subroga en la posición contractual de la concursada sin necesidad de consentimiento de la otra parte.

Cesión de contratos administrativos

Para que se produzca la cesión de los derechos y obligaciones dimanantes del contrato por el adjudicatario a un tercero, los pliegos deben recoger tal posibilidad de manera inequívoca, y siempre y cuando las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido razón determinante de la adjudicación del contrato, y no resulte de la cesión una restricción efectiva de la competencia en el mercado.

No puede autorizarse la cesión a un tercero cuando esta suponga una alteración sustancial de las características del contratista si estas constituyen un elemento esencial del contrato.

No se trata de una sucesión universal del patrimonio de la empresa, sino de un negocio jurídico concreto suscrito entre el titular del contrato y una empresa cesionaria que queda subrogada en los derechos y obligaciones del cedente que deriven del contrato en cuestión.

Para que el contratista pueda ceder sus derechos y obligaciones a terceros, los pliegos deberán contemplar, como mínimo, la exigencia de los siguientes requisitos:

a) Autorización previa y expresa del órgano de contratación.

b) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20% del importe del contrato o, cuando se trate de un contrato de concesión de obras o de concesión de servicios, que haya efectuado su explotación durante al menos una quinta parte del plazo de duración del contrato (se exceptúa este requisito en caso de que el contratista esté en concurso o haya puesto en conocimiento del juzgado correspondiente que ha iniciado negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciación o para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de convenio).

c) Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Administración y la solvencia exigible (necesario cumplir requisito de clasificación si se le exige al cedente y no estar incurso en causa de prohibición de contratar).

d) Que la cesión se formalice en escritura pública.

La autorización de la cesión por el órgano de contratación se otorgará siempre que se den los requisitos, que deberá notificarse en un plazo de dos meses, transcurrido el cual deberá entenderse otorgada por silencio administrativo.

También se ceden aquellas licencias o autorizaciones administrativas afectas a la continuidad de la actividad empresarial o profesional e incluidas como parte de la unidad productiva, siempre que el adquirente continúe la actividad en las mismas instalaciones. Se excepcionan aquéllas en las que el adquirente haya manifestado expresamente su intención de no subrogarse.

Efectos laborales, en materia de sucesión de empresa

La normativa comunitaria (Directiva 2001/23/CE) sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros, relativas al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de traspasos de empresas, de centros de actividad o de partes de empresas o centros de actividad como resultado de una cesión contractual o de una fusión, considera traspaso de empresas el de una entidad económica que mantiene su identidad, entendida como un conjunto de medios organizados, a fin de llevar a cabo una actividad económica, sea esencial o accesoria.

La definición comunitaria es recogida casi literalmente por la norma española, considerando que existe sucesión de empresas cuando la transmisión afecta a una entidad económica que mantiene su identidad, entendida como un conjunto de medios organizados a fin de llevar a cabo una actividad económica, esencial o accesoria ( art. 44.2 TRLET).

La transmisión no lleva aparejada obligación de pago de los créditos no satisfechos por el concursado antes de la transmisión, ya sean concursales o contra la masa, salvo que el adquirente la hubiera asumido expresamente o exista disposición legal en contrario.

Se exceptúa lo dispuesto en los arts. 221 y 224 TRLC, o lo que es lo mismo, que existe sucesión de empresa a efectos laborales y de Seguridad Social. Esta liberación de deudas prevista no se aplica cuando los adquirentes de las unidades productivas son personas especialmente relacionadas con el concursado.

Fuente: Memento Transmisión de Empresas