Claves de la futura reforma de la Ley Concursal

El principal objetivo de esta reforma -que transpone la Directiva (UE) 2019/1023, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre marcos de reestructuración preventiva, exoneración de deudas e inhabilitaciones- es garantizar que las empresas o empresarios viables que estén en dificultades financieras tengan acceso a un procedimiento de reestructuración preventiva que les permita continuar con su actividad.

Anteproyecto de Ley de reforma de la Ley Concursal

Plan de reestructuración empresarial

Se prevé un instrumento pre-concursal dirigido a evitar la insolvencia, o a superarla, que posibilita una actuación en un estadio de dificultades previo al de los vigentes instrumentos pre-concursales.

Este plan incentivará una reestructuración más temprana, y por tanto con mayores probabilidades de éxito, y contribuirá a la descongestión de los juzgados y por tanto a una mayor eficiencia del concurso. También reducirá la pérdida de valor empresarial y el consiguiente perjuicio para los acreedores y para el propio deudor.

Las empresas podrán acogerse a los planes de reestructuración en una situación de probabilidad de insolvencia, previa a la insolvencia inminente que se exige para poder recurrir a los actuales instrumentos.

Su introducción lleva aparejada la supresión de los actuales instrumentos preconcursales.

En esta reforma, como alternativa a la fijación de un plazo, la definición legal pone el acento en el riesgo real de insolvencia si no se procede a la reestructuración del deudor bajo el régimen preconcursal.

 Experto en reestructuración

Se recoge la designación obligatoria de un experto en determinados supuestos fijados por la Directiva, fuera de los cuales no es necesario su nombramiento, salvo que el deudor o una mayoría de acreedores lo soliciten.

Una de sus principales funciones consiste en elaborar un informe sobre el valor en funcionamiento de la empresa en caso de planes no consensuales. En ningún caso supervisa los poderes de administración y disposición patrimonial del deudor.

Procedimiento de insolvencia para autónomos y microempresas

La futura Ley introduce un procedimiento de insolvencia único y especialmente adaptado a las necesidades de las microempresas, caracterizado por una simplificación procesal máxima. La plataforma de liquidación será de acceso gratuito y universal, y en ella se volcarán los activos de todos los procedimientos especiales de microempresas en liquidación.

La Ley excluye la posibilidad de imponer un plan de reestructuración que no cuente con la aprobación del deudor cuando ésta sea una pequeña o mediana empresa.

Procedimiento de segunda oportunidad

Se propone un sistema de exoneración por mérito en el que cualquier deudor, sea o no empresario, siempre que satisfaga el estándar de buena fe en que se asienta este instituto, puede exonerar todas sus deudas, salvo aquellas que, de forma excepcional y por su especial naturaleza, se consideran legalmente no exonerables (siguen sin serlo las que se contraen con la Seguridad Social o Hacienda).

Sí que se mantiene la opción de conceder la exoneración a cualquier deudor persona natural de buena fe, sea o no empresario.

Por otra parte, este nuevo procedimiento deroga la regla que imponía al deudor que quería beneficiarse de la exoneración haber intentado infructuosamente un acuerdo extrajudicial.

Como novedad, el texto normativo introduce la posibilidad de exoneración sin liquidación previa del patrimonio del deudor, con un plan de pagos a los acreedores.

Reformas y novedades legislativas

La ley contiene mandatos para reformar o aprobar, según proceda:

– Reglamento de la administración concursal.

– Reglamento del Registro Público Concursal.

– Sistema de estadística concursal.

– Modelos de solicitud de concurso voluntario de acreedores.

– Plataforma electrónica de liquidación de bienes.

– Programa de cálculo.

– Formularios del procedimiento especial de microempresas.

– Web para el autodiagnóstico de salud empresarial.

– Régimen aplicable a los avales otorgados en virtud de los Reales Decretos-leyes 8/2020, de 17 de marzo, y 25/2020, de 3 julio.

También, con el fin de adaptarlas coherentemente a la reforma, se modifica el Código de Comercio, el Código civil, la Ley de Enjuiciamiento civil, la Ley Hipotecaria, la Ley de Sociedades de Capital, la Ley de Cooperación Jurídica Internacional en materia civil y el Estatuto de los Trabajadores.

Reforma de la LOPJ

Paralelamente a esta reforma de la Ley Concursal se prevé modificar la LOPJ para ajustar las competencias atribuidas a los juzgados de lo mercantil, para mejorar el reparto de competencial actualmente establecido para los Juzgados de lo mercantil y para las secciones especializadas de las Audiencias Provinciales y correlativamente el de los juzgados de primera instancia y el de las demás secciones de las Audiencia Provinciales.

Con esta reforma se prevé descargar a los juzgados de lo mercantil de una serie de competencias, sobre todo en materia de consumo y transportes, trasladándolas a los juzgados de primera instancia.

Anteproyecto de Ley de reforma de la Ley Concursal

 

Salvador Carrero